La reciente delimitación a los esquemas de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) transforma el panorama del retiro para miles de trabajadores, con un impacto particular en plazas industriales como Saltillo.

El economista Antonio Serrano explicó que las pensiones que llegaban a alcanzar hasta 88 mil pesos mensuales no derivaban de un fraude directo, sino de un abuso favorecido por la falta de topes en la normatividad anterior. Este vacío legal permitía que asegurados de entre 60 y 61 años solicitaran su retiro e inyectaran sus haberes de liquidación al IMSS para disparar su pensión final.

La reconfiguración golpea directamente a la economía local, cuya estructura manufacturera demanda un alto esfuerzo físico. En este sector, la fuerza laboral suele retirarse entre los 61 y 63 años debido al desgaste, por lo que no pueden extender su vida laboral hasta los 65. La cancelación de la posibilidad de jubilarse a los 60 años al 75% y reforzar la pensión vía Modalidad 40 deja a los trabajadores sin su principal recurso para mejorar sus ingresos futuros.

ACOTAN INCREMENTO A UNA UMA

Con los nuevos criterios, el incremento máximo en la cotización queda acotado a una UMA, situando la cifra resultante entre los 26 y 28 mil pesos aproximadamente, lo que elimina la factibilidad de las estrategias de incremento acelerado. Asimismo, se han desarticulado esquemas fraudulentos promovidos por microempresas ficticias que engañaban a los asegurados con la promesa de aumentar sus cotizaciones de manera irregular.

Ante la inquietud de los trabajadores sobre herramientas complementarias, Serrano fue enfático al señalar que no existen Afores, instrumentos privados ni fórmulas mágicas que compensen el bajo nivel de las pensiones. La única vía real es comenzar a ahorrar de manera personal y voluntaria desde etapas tempranas.

El economista añadió que esta problemática se enmarca en un proceso acelerado de envejecimiento demográfico, proyectando que para 2027 el 10% de la población del país tendrá 60 años o más. Esta transformación alterará la dinámica económica de los hogares, reduciendo el consumo generalizado e incrementando prioritariamente el gasto en rubros básicos como la salud y la alimentación.