El defensor reconoció que pudieron existir omisiones e irregularidades antes, durante y después de las acciones, pero afirmó que estas no son suficientes para acreditar el delito por el que su cliente fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
“Pudo haber omisiones, irregularidades, omisiones en el operativo antes, durante y después, pero no, de ninguna manera para acreditar y tipificar el delito de traición a la patria”, declaró.
DEFENSA ASEGURA QUE JÁUREGUI DESCONOCÍA LA PRESENCIA DE AGENTES ESTADOUNIDENSES
Villasana explicó que Jáuregui, como superior jerárquico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, tenía conocimiento de la operación y solicitó el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Sin embargo, aseguró que no conocía la identidad ni la participación de los agentes estadounidenses que acompañaron a los elementos de la Fiscalía de Chihuahua.
De acuerdo con el abogado, la planeación de las acciones en campo, incluidos el número de agentes, los vehículos utilizados y la duración de la misión, correspondía a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI, quien murió en el accidente que dio origen a las investigaciones. En el percance también fallecieron su escolta y dos agentes de Estados Unidos.
La coordinación también involucraba a Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, quien enfrenta acusaciones por los mismos delitos que Jáuregui, pero cuenta con un amparo que impide su detención.
ABOGADO SOSTIENE QUE LOS 150 DATOS DE PRUEBA NO ACREDITAN CONOCIMIENTO DE LOS AGENTES EXTRANJEROS
Uno de los argumentos centrales de la defensa es que, entre los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), no habría testimonios que demuestren que Jáuregui conocía la presencia de los agentes estadounidenses.
Villasana afirmó que ninguno de los testigos establece que el exfiscal tuviera una relación o coordinación con los elementos extranjeros que participaron en las acciones.
El litigante sostuvo que el objetivo de la intervención era afectar las finanzas del crimen organizado mediante el desmantelamiento de un sitio donde se producían metanfetaminas, y no causar un daño al país.
“El operativo que tuvo como finalidad y objetivo desmantelar un narcolaboratorio en el que se estaban produciendo metanfetaminas... esa era una finalidad justa”, argumentó.
DEFENSA PLANTEA POSIBLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
El abogado reconoció que, si se acreditaran irregularidades en la organización o ejecución de la operación, podrían existir responsabilidades para su cliente. Sin embargo, consideró que estas corresponderían al ámbito administrativo o a una conducta federal de menor gravedad, y no al delito de traición a la patria.
Villasana mencionó dos posibles escenarios: una sanción conforme a la Ley de Seguridad Nacional, si se determinara un incumplimiento de sus disposiciones, o una responsabilidad por ejercicio ilegal del servicio público, derivada de posibles faltas a los procedimientos institucionales.
“Si hubiese un delito federal, entenderíamos que hubiera sido la sanción administrativa de la que habla la Ley de Seguridad Nacional, o bien un ejercicio ilegal del servicio público”, explicó.
El defensor insistió en que las eventuales omisiones no demuestran que el exfiscal actuara con la intención de causar un daño a México.
“Creo que hay una desproporción y además jurídicamente no encuadra la conducta en el delito de traición a la patria”, afirmó.
TRAICIÓN A LA PATRIA CONTEMPLA PENAS DE HASTA 40 AÑOS DE PRISIÓN
La defensa también cuestionó la gravedad de la acusación debido a las sanciones que contempla el delito de traición a la patria. De acuerdo con lo señalado por Villasana, en caso de acreditarse la responsabilidad, la pena puede alcanzar los 40 años de prisión.
César Jáuregui fue vinculado a proceso por este delito y permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.
La determinación sobre su responsabilidad corresponderá a las autoridades judiciales, que deberán valorar los datos de prueba y las circunstancias de la participación de los funcionarios y agentes involucrados.
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