Los conflictos entre vecinos han sido, de forma consistente, uno de los principales problemas que los habitantes de las 91 áreas urbanas más importantes del país han reportado durante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que el Inegi levanta cada tres meses en nuestro país.

No hace falta aportar mayores datos para considerar que dicha problemática realmente existe. Todos tenemos alguna anécdota relacionada con esta problemática, pues la convivencia cotidiana ciertamente genera roces que pueden derivar en conflictos.

En otras palabras, las diferencias entre vecinos constituyen una realidad inescapable. De hecho, las diferencias son inevitables con todas las personas con quienes convivimos de forma cotidiana.

Lo que resulta indispensable decir al respecto es que la existencia de diferencias entre personas no necesariamente tiene por qué derivar en un conflicto. ¿En qué radica la diferencia? En la forma en la cual reaccionamos ante ellas.

¿Y cómo hacemos para que la forma en la cual se reacciona ante las diferencias nos ayude a no convertirlas en conflictos?

Una de las respuestas a este cuestionamiento se encuentra en el Modelo Homologado de Justicia Cívica que, para ser implementado en los municipios de México, se diseñó en nuestro país a partir de una iniciativa empujada desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el año 2017.

Este modelo tiene como núcleo conceptual “la resolución pacífica de conflictos, el servicio a la comunidad y la atención terapéutica”. La intención es mejorar el clima de la convivencia social de forma que esto contribuya a la reducción de la incidencia delictiva.

Porque algo que todos sabemos –porque tenemos experiencia práctica al respecto– es que las diferencias, cuando escalan al nivel de conflicto, pueden convertirse en conductas que impliquen la comisión de delitos.

En otras palabras, y como se ha dicho en múltiples ocasiones, no se trata simplemente de reseñar la estadística y considerar que esta representa un simple hecho anecdótico, sino de utilizarla para atender los fenómenos que revela.

En el caso de nuestra ciudad, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, resulta evidente que la conflictividad vecinal se encuentra en aumento y ello constituye un indicador peligroso que debe ser atendido por las autoridades locales.

Los datos revelan que, aun siendo Saltillo una de las ciudades donde la gente se considera más segura, existe un sedimento de conflictividad que puede llevarnos a realidades indeseables.

Eso es justamente lo que debe atenderse si queremos no solamente mantener la tendencia actual en materia de comisión de delitos, sino mejorar el clima de convivencia social. Que de eso se trata al final.