Actualmente, existe un debate sobre una supuesta injerencia extranjera en México. El tema ha generado polémica y reabre una discusión que históricamente ha sido relevante para nuestro país: la defensa de la soberanía nacional y la naturaleza de nuestra relación con nuestro principal socio comercial.

México enfrenta retos internos que requieren atención permanente y respuestas eficaces por parte de las instituciones. La seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La violencia, las desapariciones, la expansión de las organizaciones criminales y la impunidad afectan a millones de personas y representan uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. Más allá de diferencias ideológicas o partidistas, existe una demanda legítima de la sociedad por vivir en condiciones de paz y certeza jurídica.

En este contexto, resulta importante señalar que algunas autoridades, como la gobernadora Maru Campos, de Chihuahua, realizan su trabajo para fortalecer la seguridad y combatir las actividades delictivas. Lo anterior, ya que han impulsado acciones para desmantelar laboratorios, reducir la capacidad operativa de grupos criminales y mejorar la coordinación institucional. Estos esfuerzos deben evaluarse con objetividad y a partir de sus resultados.

Por otro lado, es necesario que cualquier señalamiento sobre posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones delictivas sea investigado con seriedad y conforme a derecho. La confianza ciudadana depende de que las instituciones actúen con imparcialidad, transparencia y apego a la ley, sin distinciones ni privilegios.

En otro orden de ideas, la relación entre México y Estados Unidos exige diálogo, cooperación y visión de largo plazo. Temas como la seguridad, el comercio, la migración y la competitividad económica requieren coordinación entre ambos países, especialmente en momentos relevantes para la revisión y consolidación de acuerdos estratégicos como el T-MEC.

La discusión pública siempre será necesaria en una democracia. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el objetivo común debe ser fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad de las familias y crear condiciones para un desarrollo sostenido.

La pregunta es de qué lado queremos estar: del lado de las soluciones, del fortalecimiento del Estado de derecho y de la construcción de un país más seguro y próspero para todos o del lado de la impunidad.

EL PILÓN

La reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral ya fue publicada. Sin embargo, al no existir la legislación secundaria para su operatividad, su aplicación no será posible en el proceso electoral de 2027. Esto abre una ventana de oportunidad para evaluar cuidadosamente su viabilidad y compatibilidad con nuestro sistema político-electoral.