El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), nombró a 11 personas, físicas y morales, presuntamente vinculadas con una red dedicada al robo de hidrocarburos, conocido como ‘huachicol fiscal’, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, las sanciones alcanzan a dos personas físicas y 18 empresas que, según el Departamento del Tesoro formarían parte de una red que habría empleado compañías de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar presuntas operaciones de ocultamiento y movilización de recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, dentro del anuncio, el Departamento del Tesoro asegura que las ganancias obtenidas por redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles en México no solo fortalecen las operaciones de los grupos criminales, sino que también han sido utilizadas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y favorecer la llegada de funcionarios dispuestos a colaborar con ellos, así como influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México.

HUACHICOL PARA CAMPAÑAS, CORRUPCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Según el reporte, los grupos criminales emplean las ganancias obtenidas mediante la venta ilegal de combustible para influir en la esfera política de México, no sólo al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), también al Cártel de Sinaloa. Estos recursos son obtenidos del mercado ilícito de hidrocarburos para favorecer la elección de políticos que protegerán los intereses del grupo criminal.

“En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”.

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) sostiene que los grupos criminales logran colocar aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano para facilitar las operaciones de contrabando de combustible y acceso a contratos públicos para lavar recursos de origen ilícito.

El Departamento del Tesoro señala que este mecanismo permite al crimen organizado facilitar “las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.

Además, el documento sostiene que las actividades relacionadas con el huachicol representan actualmente “la fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos”.

El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general.

Entre estas actividades identifica tres principales modalidades:

- Robo de combustible y petróleo en México;
- Contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos;
- Contrabando de combustible desde EU hacia el país, mediante esquemas de evasión fiscal mexicanos conocidos como robo fiscal de combustible.

¿CÓMO FUNCIONA EL HUACHICOL FISCAL Y LA POLÍTICA MEXICANA?

El informe también explica que los llamados “huachicoleros” obtienen combustible y petróleo mediante diversas prácticas ilícitas, entre ellas el soborno a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), perforaciones clandestinas en ductos, robos en refinerías, secuestro de pipas y amenazas contra trabajadores de la empresa estatal.

En el caso del petróleo crudo robado, el Departamento del Tesoro señala que este es introducido ilegalmente a Estados Unidos por intermediarios mexicanos que “a menudo, se etiqueta erróneamente como aceite residual u otro material peligroso para evitar controles y evadir impuestos y regulaciones”.

Posteriormente, el producto es vendido con descuento en los mercados energéticos estadounidenses e internacionales, mientras que las ganancias regresan a los cárteles en México.

Por otro lado, el reporte describe un esquema mediante el cual organizaciones criminales contrabandean combustible desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), utilizando empresas mexicanas y estadounidenses cómplices, facturación falsa y redes de compañías fachada para introducir el combustible al país y comercializarlo como si fuera legal.

El Departamento del Tesoro añadió que, de acuerdo con reportes públicos, “entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito”.

Finalmente, señaló que el análisis de la FinCEN identificó que los cárteles utilizan principalmente intermediarios y el sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos con activos digitales a distribuidores estadounidenses involucrados en estos esquemas.

En otros casos, agregó, los pagos se realizan mediante depósitos en efectivo estructurados provenientes de actividades ilícitas, como parte de operaciones de lavado de dinero basado en el comercio.

LOS 11 VINCULADOS CON EL CJNG

Oscar Guillermo Juraidini Silva, presunto contador del CJNG y dedicado a falsificar documentos aduaneros para transportar combustible de EU a México, tiene participación en las empresas; así como José Refugio Ruiz Villagomez, presuntamente dedicado a pagar sobornos a cárteles que controlan la frontera con el fin de transportar el combustible robado.

Mientras que las nueve entidades sancionadas son:

- Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV;
- Ahavat Logistics Solution, SA de CV;
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV;
- OJ Living Trust;- SAPI de CV;
- RK Real King, SA de CV;
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV;
- Ogui Fletes;
- OF Transportes.

Por un lado, Juraidini Silva era identificado como ‘el cerebro’ de algunas operaciones financieras del CJNG mediante una empresa de contrabando de combustible para generar millones de dólares al año. Mientras opera empresas fantasmas del grupo criminal y falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera con el fin de evadir impuesto; además de contar con empresas gasolineras como clientes, quienes reciben productos refinados y vender en las estaciones de servicio para obtener decenas de millones de dólares al año que beneficia al cártel, según el Departamento del Tesoro.

En tanto, Ruiz Villagomez con su participación en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de no introducir combustible de contrabando desde EU a México y pagar sobornos a cárteles, como otras organizaciones criminales que controlan los puestos de entrada entre ambos países.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, la Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV como una empresa de “de importación y exportación involucrada en el narcotráfico”.

Por lo que, ante las sanciones, el gobierno estadounidense ha bloqueado todos los bienes o intereses patrimoniales de las personas designadas.

LAS SANCIONES DE EU

Las medidas impuestas por la OFAC contemplan:

- Congelamiento de bienes y activos: Todos los bienes, cuentas bancarias, propiedades y demás activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o estén sujetos a su jurisdicción quedan bloqueados;
- Bloqueo de empresas relacionadas: Las restricciones también se extienden a las empresas en las que las personas sancionadas posean, de forma individual o conjunta, una participación igual o superior al 50%, aunque no aparezcan expresamente en la lista;
- Prohibición de realizar negocios: Ciudadanos, empresas, bancos e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones o prestar servicios a los sancionados, salvo que cuenten con autorización de la OFAC;
- Posibles sanciones a terceros: Personas o empresas, incluso extranjeras, que brinden apoyo o faciliten de manera significativa las operaciones de los sancionados también podrían ser objeto de sanciones estadounidenses;
- Restricciones al sistema financiero: En la práctica, las personas y empresas designadas quedan prácticamente excluidas del sistema financiero de Estados Unidos, lo que dificulta el acceso a bancos que operan en dólares o mantienen vínculos con ese país;
- Mayor vigilancia financiera: Como medida complementaria, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió una alerta para que instituciones financieras detecten operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México y posibles esquemas de evasión fiscal.

ESTADOS UNIDOS CONTRA LOS CÁRTELES EN MÉXICO

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que esta serie de medidas “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales”.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados.

El año pasado, el presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas.

El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles. Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al CJNG de operar sus propias estaciones de servicio.

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