”No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada; ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autoriza este tipo de modalidades”, señaló el titular de la SEP, Mario Delgado.
LAS AUTORIDADES ESTATALES RECIBIERON UN RECORDATORIO OFICIAL
La SEP precisó que corresponde a las autoridades educativas estatales otorgar las autorizaciones para el funcionamiento de los centros escolares. Por ello, la dependencia federal envió un comunicado formal para reiterar que los modelos de enseñanza con características militarizadas no son compatibles con los principios del sistema educativo nacional.
De acuerdo con la dependencia, el documento recuerda que las instituciones de educación básica deben apegarse a los objetivos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Educación, los cuales priorizan el desarrollo integral del alumnado.
La aclaración también busca evitar interpretaciones erróneas respecto a este tipo de esquemas, especialmente después de que el caso de Dafne Zapata generara un amplio debate sobre la seguridad y las condiciones en las que operan algunos centros educativos.
LA LEY PROTEGE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CUALQUIER MALTRATO
Durante su mensaje, Mario Delgado recordó que la Ley General de Educación establece la obligación de garantizar espacios seguros para el aprendizaje y proteger a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, abuso o maltrato.
Asimismo, señaló que la Nueva Escuela Mexicana tiene como eje un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión, la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad de las personas, principios que, afirmó, resultan incompatibles con prácticas de carácter militarizado o disciplinario extremo.
En este sentido, la dependencia insistió en que las actividades escolares deben promover ambientes de convivencia, respeto y desarrollo integral para la comunidad estudiantil.
”La Ley General de Educación protege a niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de maltrato”, recordó la SEP al explicar el marco legal vigente.
LA SEP DA SEGUIMIENTO AL CASO DE DAFNE ZAPATA
La dependencia federal informó que mantiene comunicación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas y con la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la muerte de la estudiante.
Además del acompañamiento institucional, la autoridad educativa señaló que busca establecer contacto con la madre de Dafne Zapata con el propósito de brindarle apoyo durante el proceso.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, el caso ha reabierto la discusión sobre los mecanismos de supervisión de los centros educativos y el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de las escuelas en México.
EL CASO REABRE EL DEBATE SOBRE LOS ENTORNOS ESCOLARES
Las declaraciones de la SEP se producen en un contexto de creciente atención pública sobre las condiciones de seguridad dentro de los planteles educativos y la responsabilidad de las autoridades encargadas de supervisar su operación.
La dependencia enfatizó que el sistema educativo mexicano debe garantizar ambientes donde prevalezcan el respeto, la integridad física y emocional del alumnado, conforme a los principios establecidos en la legislación nacional.
El pronunciamiento también busca reforzar el conocimiento sobre las normas que regulan la educación en el país, particularmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
DATOS CURIOSOS
· La Ley General de Educación establece que el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer en todas las decisiones del sistema educativo.
· La Nueva Escuela Mexicana incorpora principios como la inclusión, la equidad, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz.
· Las autorizaciones para el funcionamiento de escuelas particulares de educación básica corresponden a las autoridades educativas de cada entidad federativa, conforme al marco legal vigente.
· Las novatadas han sido objeto de debate en distintos países debido a los riesgos físicos y psicológicos que pueden representar cuando implican actos de violencia o humillación.