Un grupo de abogados de diversas organizaciones de la región Sureste y La Laguna de Coahuila se unió para manifestar su rechazo a las recientes declaraciones de Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Las agrupaciones califican los señalamientos como “desafortunados, infundados y con tintes de intimidación”, al señalar que el verdadero problema radica en las deficiencias estructurales del sistema y no en la ética de los profesionales del derecho.

A través de pronunciamientos públicos, los abogados litigantes indicaron que existe un colapso administrativo y retrasos procesales. La Barra de Abogados de Parras, el Foro Profesional de Abogados de Saltillo y el Colegio de Abogados de Torreón coinciden en que es inadmisible culpar a los litigantes de prolongar juicios con fines económicos.

Los gremios denuncian que en la práctica se observa un sistema judicial con estructuras deficientes, donde la admisión de una demanda puede tardar más de tres meses, mientras que la emisión de acuerdos y las notificaciones sufren demoras de igual magnitud que impactan directamente en la duración de los juicios.

Según el Colegio de Abogados de Torreón, que cuenta con más de cien agremiados, existe un grave déficit de personal, y denuncian que solamente progresan los asuntos que consideran relevantes.

“Esto evidencia prácticas de corrupción e ineficiencia en la impartición de justicia”, se indica en el pronunciamiento.

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Respecto a la “exposición mediática” de los casos, los abogados aclaran que son los propios ciudadanos quienes recurren a la prensa y a las redes sociales ante el hartazgo por las irregularidades, injusticias y malos resultados en los juzgados del estado.

Los litigantes sostienen que cualquier intento de limitar esta difusión es una violación a la libertad de expresión y una táctica intimidatoria que vulnera el Estado democrático.

Asimismo, subrayaron que no corresponde a ninguna autoridad judicial intervenir en la fijación de honorarios ni en las estrategias de defensa, facultades que pertenecen al ámbito exclusivo del ejercicio profesional.

PIDEN LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR

Ante lo que consideran una situación lamentable, el Colegio de Abogados de Torreón solicitó formalmente el apoyo e intervención del gobernador Manolo Jiménez Salinas. “El gremio exige que se garantice la seguridad y el respeto en su práctica profesional”.

Señalan que es lamentable tener que cuidarse de la misma institución que debería estar preocupada por garantizar los derechos humanos y no por coartarlos.