El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, presentó una iniciativa para reforzar la vigilancia de casas hogar, albergues, residencias y centros de día para adultos mayores, mediante un registro nacional obligatorio, inspecciones periódicas y sanciones ante posibles irregularidades.

La propuesta contempla reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de fortalecer la supervisión de los establecimientos públicos, privados y sociales que ofrecen servicios de cuidado en el País.

El legislador del PRI señaló que la iniciativa busca responder a la creciente demanda de estos servicios y establecer mecanismos de control que permitan verificar las condiciones en las que viven las personas mayores, así como el cumplimiento de las disposiciones para su atención.

PLANTEAN PADRÓN OBLIGATORIO E INSPECCIONES

Entre los principales puntos de la propuesta destaca la creación de un Registro Nacional de Centros de Atención, administrado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en el que deberán inscribirse los establecimientos dedicados al cuidado de este sector de la población.

El padrón incluiría información sobre la capacidad de cada centro, el personal capacitado, las autorizaciones sanitarias y los antecedentes de inspección, con la finalidad de facilitar la supervisión de sus condiciones de operación.

Asimismo, se propone que las autoridades realicen visitas ordinarias de inspección al menos una vez al año en cada establecimiento, además de revisiones extraordinarias inmediatas cuando existan denuncias o indicios de irregularidades.

La iniciativa también establece que los centros deberán contar con personal suficiente y capacitado en áreas como gerontología, geriatría, primeros auxilios, prevención del maltrato y derechos humanos.

PREVÉN SANCIONES Y MEDIDAS ANTE RIESGOS

Otro de los componentes de la propuesta es facultar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a las autoridades competentes para adoptar medidas cautelares urgentes cuando se detecten riesgos para la integridad física o emocional de las personas residentes.

Las medidas y sanciones contempladas abarcan multas, suspensiones de actividades, clausuras definitivas y denuncias penales, según la gravedad de las irregularidades detectadas.

“La protección de nuestras personas adultas mayores no debe quedarse en el reconocimiento formal de sus derechos; requiere instrumentos jurídicos claros para evitar el maltrato, la negligencia y el abandono en los lugares donde reciben cuidados”, puntualizó Abramo Masso.

La iniciativa establece un plazo transitorio de 180 días naturales para poner en marcha el Registro Nacional y adecuar los lineamientos correspondientes, una vez que las reformas sean aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.