Digámoslo pronto: el periodismo libre -el periodismo crítico, para evitar cualquier ambigüedad-, no le gusta a los políticos. Y, de manera particular, no le gusta a los gobernantes, ese conjunto de individuos caracterizado -salvo muy pocas y cada día mas escasas excepciones- por la ignorancia, el ego híper inflamado y el ejercicio despótico del poder.

El señalamiento anterior aplica para todas las democracias del mundo pero, de manera puntual, para casos como el mexicano, cuya clase política -sin importar el partido al cual pertenezca cada persona- es una particularmente atrasada y sus conductas están caracterizadas por el exceso.

En México, en Coahuila, los políticos aspiran a ser objeto de culto, a ser permanentemente ensalzados, aclamados, incluso venerados por sus actos cotidianos. Convencidos de ser algo cercano a semidioses, nuestros políticos son incapaces de concebir siquiera la posibilidad de ser criticados y por ello sus reacciones ante los señalamientos son siempre virulentas.

Una de las múltiples traducciones indeseables de esta realidad es el uso del poder para silenciar las voces incómodas. Las rutas a través de las cuales se persigue este objetivo son múltiples pero cuentan para su éxito con un denominador común: el uso faccioso de las instituciones públicas.

El propósito es siempre el mismo: cercenar el derecho a la libertad de expresión, impedir el ejercicio del periodismo, silenciar las voces críticas impidiéndoles hacer uso de las herramientas institucionales creadas, en teoría, para asegurar el ejercicio de tales derechos.

No es un fenómeno nuevo, es preciso decirlo. La rispidez ha sido históricamente una constante en la relación entre el poder público y el periodismo. Políticos déspotas han existido siempre.

El matiz entre el presente y el pasado está en un hecho singular: al menos en teoría, las sociedades democráticas del mundo han logrado construir andamiajes institucionales mediante los cuales las pulsiones autoritarias de nuestros políticos y gobernantes han sido domesticadas.

Pero eso, por desgracia, es verdad solo en teoría. Los periodistas hemos asistido, desde hace décadas, a reuniones, encuentros o congresos, nacionales e internacionales, en los cuales el diagnostico se repite, más o menos con las mismas palabras: estamos ante uno de los peores momentos en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

No ha sido la excepción la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en la semana en la ciudad de Bogotá, a donde han acudido los representantes del periodismo en habla hispana del continente Americano y Europa.

El programa ha estado salpicado de mesas y charlas para recordarnos, a quienes hemos decidido abrazar este oficio, la existencia permanente de riesgos y, consecuentemente, la necesidad de estar siempre alertas a fin de evadir tales riesgos... o al menos sus peores consecuencias.

Justo por esta realidad, uno de los puntos del programa de ayer viernes me pareció particularmente relevante: la entrega del Gran Premio Chapultepec, otorgado por la SIP a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El premio fue recibido por su presidente, el magistrado Fernando Castillo Víquez.

Su discurso de agradecimiento ante el auditorio reunido en la capital colombiana ratificó las razones por las cuales la SIP ha reconocido el trabajo jurisdiccional de dicha institución: “su firme defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente”, la cual se ha traducido en una serie de fallos “que han reafirmado garantías esenciales para el ejercicio del periodismo y han consolidado una jurisprudencia de referencia en materia de libertad de expresión en las Américas”.

Una luz de esperanza en medio del lúgubre espacio de oscuridad en el cual debe moverse constantemente el periodismo, un oficio siempre bajo asedio.

@sibaja3

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