La iniciativa busca que los cargos políticos no sirvan como inmunidad, y que cualquier funcionario en un cargo con responsabilidad pública, enfrente a la justica penal bajo las mismas reglas que un ciudadano común.

Ramírez Cuéllar explicó que la propuesta busca diferenciar entre la libertad parlamentaría que protege a los legisladores, y la inmunidad procesal penal, que se busca eliminar por medio de esta reforma.

En términos generales se busca eliminar privilegios vinculados con los cargos públicos, además del fortalecimiento de los mecanismos para que los legisladores y gobernadores rindan cuentas ante la justicia.

También aclaró que no se busca eliminar o desconocer la presunción de inocencia ni el derecho de defensa, sino hacerle frente a las acusaciones infundadas de las que deben garantizarse las reglas ordinarias del proceso penal y los mecanismos de control de la Constitución.

El vicecoordinador de Morena afirmó que la eliminación de esta protección, y la continuidad de procedimientos de juicio político, forman parte del mismo objetivo; terminar con los privilegios y combatir la impunidad garantizando que todas las autoridades rindan cuentas por sus actos.

Argumenta que México debe lograr un régimen de responsabilidad pública en el que ninguna persona se encuentre por encima de la ley, pues advierte que el costo político de seguir protegiendo a los políticos ya es demasiado alto y estas prácticas solo han aumentado la impunidad.