A un año de la elección judicial, resoluciones y episodios públicos protagonizados por los nuevos juzgadores muestran que los problemas que se buscaban erradicar en el Poder Judicial persisten bajo el nuevo modelo.

En un recuento de resoluciones y actuaciones de juzgadores, el medio de comunicación Reforma detectó abogados de narcotraficantes que ahora son jueces, jueces que benefician al Gobernador que los propuso, ministros que acuden a mítines presidenciales y juzgadores que también son funcionarios de partidos políticos.

Fallos como el de la Jueza Tania Virginia Neri de Nuevo León, que otorgó un amparo al Gobernador Samuel García, quien la impulsó en acordeones el año pasado; o el de María de los Ángeles Padrón, también de sede nuevoleonesa y que ordenó la liberación de José Antonio Cortés, “El Titán”, acusado de huachicoleo, entre otros casos, son ejemplos de los nuevos tiempos de la justicia en México.

Para constitucionalistas y analistas de la elección judicial, el desempeño de los jueces electos por voto popular muestran que la justicia es más lenta y que está más expuesta a la corrupción y a los favores políticos.

El constitucionalista Diego Valadés consideró que el actuar de juzgadores muestra que están más expuestos a los “intereses locales”.

“Los jueces y Magistrados federales tendrán que estar los nueve años de su ejercicio en el mismo lugar en el que fueron elegidos, y esto los hará rehenes del terror por parte de las organizaciones delincuenciales”, dijo Valadés.

Recordó que en un Informe Técnico de la Reforma Judicial, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se concluye que la reforma judicial produjo un nuevo tipo de caciquismo.

“Ahora los Gobernadores hacen elegir a quienes desean tener como jueces y Magistrados federales en sus estados. No puedo afirmar que este ‘neocaciquismo’ sea la intención de la reforma, pero en su momento se le hizo ver este riesgo al Gobierno y a su partido, sin que esas observaciones los hayan preocupado”, planteó Valadés.

Paulina Crehueras, directora de Riesgo Político de la consultora Integralia, estimó que el País tiene un sistema de justicia “mucho peor” que el anterior.

“Hay falta de capacidad, falta de profesionalismo, mucha más lentitud para resolver los asuntos, secretarios empoderados porque saben que al final ellos son quienes terminan resolviendo y conociendo más que los jueces, y esto, pues, da pie a más corrupción”, consideró.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, estimó que el País enfrenta una justicia altamente politizada.

“Se está demostrando que lo que a ellos les interesaba no era mejorar la justicia sino tener control sobre ella”, dijo.

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