El Gobierno de Sinaloa solicitó al Congreso local autorizar una pensión por retiro anticipado para Alberto Jorge Contreras Núñez, ex mando policiaco señalado por Estados Unidos de presunta protección al grupo criminal de “Los Chapitos”.

La iniciativa fue enviada por la Gobernadora interina, la morenista Yeraldine Bonilla, quien solicitó a los diputados locales aprobar el beneficio para el mando policiaco adscrito a la ComisarÌa General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

”Se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”, indica el documento que se discutió el 18 de junio.

La propuesta establece que se conceda al ex funcionario una pensiÛn mensual de 67 mil 477.75 pesos.

El proyecto también plantea modificar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 2026 a fin de contemplar el pago correspondiente.Contreras Núñez es requerido por la justicia estadounidense debido a que presuntamente recibió pagos mensuales de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y se le señala de ordenar la liberación de miembros de la organización criminal.

En 2022, el mando policial fue inspector general en Combate al Secuestro y de noviembre de 2022 a febrero de 2026, comisario de la corporación.

Los cargos que le imputan en Estados Unidos son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Grupo REFORMA publicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.

Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, emitida el pasado 29 de abril, Contreras Núñez era apodado por el Cártel de Sinaloa como el “Cholo” y presuntamente recibió sobornos de narcotraficantes cuando se desempeñaba como funcionario en la Fiscalía General.

El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados --funcionarios en activo y retirados-- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.