Con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad o condición neurodivergente queden en situación de desprotección cuando uno de sus progenitores incumple con la pensión alimenticia, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 303 del Código Civil Federal.

El legislador del PRI explicó que, en la actualidad, la normativa exige acreditar la imposibilidad económica, física o mental absoluta de los padres para trasladar la obligación alimentaria a otros ascendientes. No obstante, advirtió que en numerosos casos existe capacidad de pago, pero la responsabilidad simplemente no se cumple, lo que deja a menores sin acceso oportuno a recursos esenciales.

PROPONEN CRITERIO DE INCUMPLIMIENTO COMO BASE DE PROTECCIÓN

Moreira Valdez señaló que esta situación se agrava cuando se trata de personas con discapacidad o neurodivergencia, ya que la falta de cumplimiento no solo afecta alimentación o educación, sino que también interrumpe terapias, tratamientos médicos, procesos de rehabilitación y apoyos indispensables para su desarrollo integral.

La iniciativa plantea que, en estos supuestos, baste acreditar el incumplimiento reiterado o injustificado de la obligación alimentaria para que ésta recaiga de manera subsidiaria en otros ascendientes, sin necesidad de demostrar una imposibilidad absoluta de los padres.

El coordinador parlamentario destacó que la propuesta retoma criterios recientes del Poder Judicial y busca armonizar la legislación con principios constitucionales como el interés superior de la niñez, la igualdad, la no discriminación y la protección de las personas con discapacidad.

Asimismo, establece que los alimentos deberán incluir no sólo la manutención básica, sino también gastos de habilitación, rehabilitación, terapias, atención médica especializada, ayudas técnicas y cuidados necesarios para garantizar el desarrollo integral de menores en condición de discapacidad.

El legislador afirmó que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una forma extendida de violencia económica contra la niñez, situación que se agrava en contextos de mayor vulnerabilidad.

“La ley debe estar del lado de quienes más necesitan protección. No podemos permitir que los tecnicismos legales se conviertan en obstáculos que priven a una niña o un niño de sus terapias, tratamientos o apoyos para desarrollar plenamente sus capacidades”, sostuvo.

Finalmente, Moreira Valdez subrayó que la reforma busca dotar a la justicia familiar de mayor sensibilidad y eficacia, colocando en el centro el interés superior de la niñez y garantizando que ningún menor vea comprometido su desarrollo por el incumplimiento de obligaciones legales ya establecidas.