TORREÓN, COAH.- Ante lo que calificó como una creciente amenaza del crimen organizado para la estabilidad y fortaleza de las instituciones públicas del país, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar mecanismos de protección política a gobernadores señalados por su posible participación en delitos de alto impacto.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de investigación y actuación de las autoridades frente a posibles casos de delincuencia organizada, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la propuesta, se plantea activar de manera automática e inmediata un procedimiento de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando existan indicios fundados o imputaciones formales contra un titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa.

Asimismo, la iniciativa propone eliminar la declaración de procedencia, conocida comúnmente como fuero, cuando se investiguen delitos graves relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero o narcotráfico.

El proyecto contempla además que, en caso de que un servidor público sea vinculado a proceso por alguno de estos delitos, se ordene su separación cautelar del cargo mientras se desarrolla el procedimiento judicial correspondiente.

PLANTEA EVITAR IMPUNIDAD

Torres Cofiño sostuvo que la reforma busca evitar que los mecanismos constitucionales diseñados para proteger el ejercicio de la función pública sean utilizados para impedir o retrasar investigaciones judiciales.

”México enfrenta una crisis inédita donde las instituciones locales corren el riesgo de convertirse en trincheras de las mafias. Los recientes señalamientos internacionales e investigaciones judiciales de gran impacto no pueden seguir topándose con la inacción o la complicidad del compadrazgo político”, expresó.

Añadió que el fuero constitucional tiene como finalidad garantizar el adecuado desempeño de las responsabilidades públicas, pero consideró que no debe convertirse en una barrera para la actuación de las instituciones de justicia ante posibles delitos de alto impacto.

”Lo que hoy proponemos es un mecanismo automático, jurídicamente robusto y despolitizado. Si existen elementos fundados o solicitudes de cooperación internacional por narcotráfico contra un gobernador, la justicia debe actuar de inmediato, sin discrecionalidad y sin pedir permiso a los congresos”, afirmó.

Aclaró que la propuesta no pretende anticipar responsabilidades penales, sino establecer procedimientos que permitan a las autoridades investigar y actuar sin condicionamientos políticos, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

”La ley debe medir a todos con la misma vara”, manifestó al señalar que el objetivo central de la iniciativa es fortalecer al Estado mexicano y brindar mayores garantías de seguridad y confianza institucional a la ciudadanía.

Finalmente, detalló que la reforma contempla un plazo de 180 días naturales, a partir de la publicación del decreto, para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realicen las adecuaciones y armonizaciones correspondientes en sus marcos jurídicos secundarios.

Con ello, sostuvo, se busca establecer reglas claras y reducir los espacios de discrecionalidad política en los procedimientos relacionados con servidores públicos de alto nivel investigados por delitos considerados de especial gravedad.