El Congreso de Coahuila enfrentará en el último tramo de la Legislatura una agenda que combinará reformas que se han venido preparando durante el año con los asuntos presupuestales que, por disposición legal, deben resolverse antes de que concluya 2026.

Entre los temas que la propia Legislatura ha señalado para su atención se encuentra la revisión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que, según el fiscal general Federico Fernández Montañez, tiene como objetivo la reorganización de la institución, con la creación de nuevas unidades, vicefiscalías y coordinaciones, además de elevar a rango de vicefiscalía el área de combate a narcóticos.

La propuesta también podría incorporar una Fiscalía especializada en protección de los seres sintientes, misma que fue anunciada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en julio como parte de la nueva Ley de la Fiscalía, y adelantó que sería presentada al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones.

A esta agenda se suma una nueva Ley de Educación para Coahuila. Según la diputada Magaly Hernández, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Educación trabajan en un proyecto que sustituiría la legislación vigente y retomaría propuestas obtenidas durante una consulta realizada en 2025.

Además, el Congreso mantiene pendiente la adecuación a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo plazo federal venció en 2022. De acuerdo con la diputada Beatriz Fraustro, el tema se encuentra en revisión técnica y coordinación institucional y podría discutirse entre septiembre y octubre.

En el mismo periodo podría avanzar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La adecuación requiere modificaciones al marco estatal y coordinación con el Poder Judicial y el Ejecutivo, debido al alcance del nuevo modelo de justicia civil y familiar.

Además de estos proyectos, el Congreso tendrá que atender durante el último trimestre del año la agenda financiera correspondiente a 2027.

El Pleno deberá discutir y aprobar el paquete económico estatal, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las leyes de ingresos de los 38 municipios de Coahuila.

La Constitución estatal establece como facultad del Congreso examinar, discutir y aprobar anualmente estos ordenamientos, mientras que los ayuntamientos deben presentar sus iniciativas dentro de los plazos establecidos por la legislación hacendaria.