PARÍS- En Francia, el costo de un disturbio pronto podría pagarse con la ayuda para vivienda de una familia. Algunas personas que formaron parte de una multitud violenta podrían verse obligadas a pagar por ventanas que nunca rompieron.

El Senado de Francia aprobó la medida esta semana con 229 votos a favor y 105 en contra, a menos de dos semanas de que las protestas por el costo de vida causaran los peores disturbios del país en mucho tiempo, con daños estimados de más de mil millones de euros (1,100 millones de dólares). En un fin de semana, la policía arrestó a casi 2,400 personas; las autoridades afirman que miles de tiendas fueron saqueadas o dañadas. Un incendio arrasó el ayuntamiento de Limoges, construido en el siglo XIX.

Francia no está sola: en toda Europa occidental, los gobiernos van más allá de los alborotadores hasta llegar a sus padres y las aplicaciones que transmiten el llamado a salir a las calles.

Y puede que no haya terminado. El verificador español Maldita.es encontró llamados a realizar protestas de Halloween en 46 ciudades de al menos nueve países europeos. En algunos se invita al saqueo.

Las autoridades señalan que el objetivo es evitar el próximo disturbio y pagar el más reciente. Los críticos advierten que ampliar la responsabilidad podría castigar a personas que no cometieron violencia y hacer que otras teman protestar.

“QUE PAGUEN LOS ALBOROTADORES”

En Francia, cualquiera que se una a sabiendas a un grupo que se prepara para ejercer violencia podría verse obligado a pagar hasta 10 mil euros (11,200 dólares) por lo que otros destruyan. También podría aplicarse a cualquiera que, a sabiendas, permanezca después de que la policía ordene dispersarse a una multitud violenta, por los daños causados posteriormente.

Cobrar es la parte difícil, según un informe del Senado: los infractores a menudo tienen poco dinero, o ingresos que la ley protege de embargo.

El proyecto abriría otra fuente: el dinero que el Estado paga para ayudar a las familias a vivir.

La ley francesa ya suele responsabilizar a los padres por los daños causados por sus hijos menores de 18 años. Según el proyecto, una vez que una sentencia sea firme, el dinero podría deducirse de las asignaciones familiares y de la ayuda para vivienda. Los senadores añadieron el RSA, la prestación de ingreso mínimo de Francia, de hasta unos 650 euros (730 dólares) al mes para una persona sola, e incluso la asignación de regreso a clases que reciben las familias para útiles escolares. Se mantendría protegido un monto mínimo para gastos de subsistencia.

El senador comunista Fabien Gay mencionó deducciones mensuales de 57 euros (63 dólares) a un hogar que recibe el RSA. A ese ritmo, reembolsar 10 mil euros llevaría casi 15 años.

Los partidarios sostienen que las víctimas merecen compensación y que los contribuyentes no deberían cargar con el costo. Reemplazar una gran vidriera puede costar decenas de miles de euros. Tras los disturbios de 2023, las aseguradoras pagaron 793 millones de euros (888 millones de dólares) por 16,400 reclamaciones, según France Assureurs, la federación de aseguradoras.

Grupos de derechos humanos instaron a los legisladores a rechazar el proyecto, advirtiendo que podría desalentar la protesta pacífica y perjudicar a familias que dependen de prestaciones.

Embargar esos pagos “podría tener consecuencias desastrosas para los más pobres”, manifestó en un comunicado Nathalie Godard, de Amnistía Internacional Francia.

La extrema derecha respaldó el proyecto en el Senado, dominado por conservadores. Lo siguiente es la Asamblea Nacional, donde ningún bloque tiene mayoría.

Embargar las prestaciones de los alborotadores fue, durante mucho tiempo, una idea de Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional. Ahora, el gobierno la ha hecho suya, y ella encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

UNA PALABRA FRANCESA CRUZA LAS FRONTERAS

Los estudiantes franceses llaman “blocus”, o bloqueo, a una protesta que paraliza su escuela. En Barcelona, se convirtió en hashtag.

Publicaciones en TikTok con esa etiqueta convocaron a la gente a la plaza de Cataluña el sábado 24 de octubre, y la enviaban a canales de WhatsApp o Telegram mediante códigos QR, contó a la radio Cadena SER la consejera de Interior de Cataluña, Núria Parlon.

En el papel, era una protesta por la educación. No había recorrido, explicó Parlon. No había pancartas. No había manifiesto. Solo grupos de 10 a 15 jóvenes saqueando tiendas, incendiando contenedores de basura y destrozando paradas de autobús.

Cuando llegó la policía, los saqueadores se dispersaron, relató un periodista de la AP que estaba en el lugar.

La policía informó de 130 detenciones, incluidas 76 de menores. Los Mossos d’Esquadra dijeron que esta semana detuvieron a otros dos menores por presuntamente incitar a la violencia en internet: uno por publicaciones vinculadas a los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, y el otro por llamados a saquear Lleida el sábado.

Algunas cuentas de TikTok que promovían las concentraciones desaparecieron, mientras otras anunciaban nuevas protestas de Halloween, informó Maldita.es. En un grupo de Telegram se publicaron mensajes que instaban a la gente a usar mascarillas y guantes y a esperar a que les indicaran una tienda “sin policía”.

“LO ROMPES, LO PAGAS”

En Italia, el argumento empieza con otra familia. “Detrás de esa vidriera hay una familia que ha invertido toda una vida de sacrificios”, declaró la primera ministra Giorgia Meloni el 20 de octubre, al anunciar un decreto de seguridad tras los saqueos en Milán.

Su principio cabe en tres palabras italianas: “Chi rompe paga”: lo rompes, lo pagas. “Y si quien lo rompe es un menor”, añadió, “pagan sus padres”.

Ahora los padres se enfrentan a multas de hasta 1.000 euros (1.120 dólares), que se duplican en caso de reincidencia, a menos que demuestren que no pudieron detener a su hijo. También pueden ser obligados a pagar los daños.

Hacer responsables a los padres puede ayudar, dijo Claudio Bertolotti, director de START InSight, una firma de investigación en seguridad, pero “es poco probable que las multas, por sí solas, disuadan a adolescentes impulsados por la presión de grupo o el deseo de reconocimiento dentro del grupo”.

Organizar violencia en protestas, incluso en línea, ahora conlleva de cuatro a 12 años de prisión.

ANTES DE QUE ROMPA LA VENTANA

Telegram y WhatsApp “deben cerrar esos canales cuando incitan a la violencia”, sostuvo Parlon.

El portavoz de Telegram, Remi Vaughn, dijo a The Associated Press que la empresa apoya la expresión y la protesta pacíficas, pero que “los llamados a la violencia, el vandalismo y el robo están explícitamente prohibidos y se eliminan cuando se detectan”.

Afirmó que Telegram había eliminado esos llamados vinculados a protestas en Madrid.

TikTok y Meta, propietaria de WhatsApp, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Telegram cerró un grupo de Barcelona que promovía saqueos en Halloween, pero un reemplazo reunió a más de 2.000 miembros, informaron medios españoles.

El proyecto francés permitiría que las autoridades exijan la eliminación de ciertos llamados ilegales a la violencia o al saqueo sin aprobación judicial previa. Si permanecen en línea 24 horas, podrían ordenar el bloqueo de las direcciones web. Esas decisiones podrían impugnarse ante los tribunales.

Estados Unidos va en la dirección contraria. Su ley, por lo general, protege a las plataformas de responsabilidad civil por las publicaciones de los usuarios, y el gobierno del presidente Donald Trump califica las normas europeas de censura.

Reino Unido muestra los límites de las retiradas de contenido. Después de que tres niñas fueran asesinadas en Southport en 2024, se difundieron afirmaciones falsas en internet y se produjeron disturbios. Un comité parlamentario concluyó que los algoritmos amplificaron material dañino, gran parte de él legal.

Según el proyecto francés, dinero destinado a alojar y criar a niños podría ayudar a pagar una tienda saqueada.

Por Thomas Adamson, The Associated Press.