CDMX.- Senadores del PVEM señalaron que en 2025 se registraron 348 asesinatos de oficiales, lo que equivale a un promedio de un policía municipal asesinado cada día, y mencionaron a Sinaloa, Guerrero y Guanajuato entre las entidades con mayores niveles de violencia contra policías.

Ante las condiciones de precariedad que, dijeron, enfrentan las corporaciones policiales, especialmente a nivel municipal, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez presentó una iniciativa para fortalecer y dignificar la carrera policial, con el objetivo de mejorar condiciones laborales, salariales y de seguridad social de las y los elementos de seguridad pública.

Bugarín Rodríguez expuso que numerosos policías operan con salarios bajos, equipo en mal estado, jornadas extenuantes y sin acceso pleno a seguridad social, lo que, afirmó, provoca que muchos abandonen la carrera policial en búsqueda de mejores condiciones para ellos y sus familias.

Añadió que esta situación dificulta la atracción de nuevos perfiles y debilita las capacidades institucionales de seguridad a nivel local, al tiempo que complica la continuidad y profesionalización de las corporaciones.

La legisladora señaló que el salario promedio mensual de un policía en México es de seis mil 620 pesos, cifra que —según expuso— representa una reducción de 7% respecto al periodo anterior, y contrastó con el salario digno recomendado de 16 mil 688 pesos. Además, indicó que laboran en promedio 59.9 horas semanales.

La senadora subrayó que ser policía en el país implica enfrentar riesgos extremos y añadió que existe un “costo oculto” de la profesión, pues en algunos casos los agentes cubren con recursos propios gastos como uniformes, combustible o reparaciones de patrullas.

Frente a ese panorama, la propuesta plantea cambios a diversos artículos de la Constitución para establecer derechos laborales específicos para las instituciones policiales, incluyendo acceso a créditos de vivienda digna, la creación de fideicomisos para financiar prestaciones y seguros de vida, así como una carrera policial basada en el mérito y la profesionalización constante.

Además, contempla que entidades federativas y municipios constituyan fideicomisos públicos transparentes destinados al financiamiento de seguridad social y prestaciones complementarias para los cuerpos policiales, con el fin de evitar el uso discrecional de recursos.

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