TORREÓN, COAH.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar en puerta, el diputado local Felipe González Miranda instó a las autoridades federales a vigilar a los colegios particulares para impedir que impongan a los padres de familia la compra exclusiva de libros, uniformes y útiles con proveedores asignados.

El legislador dio a conocer una proposición con punto de acuerdo dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional Antimonopolio, con el fin de auditar estas dinámicas comerciales que lesionan las finanzas de los hogares.

Subrayó que el regreso a las aulas ya implica un fuerte desembolso para cubrir calzado, material escolar y vestimenta, por lo que resulta inadmisible que las instituciones privadas restrinjan el derecho de los tutores a comparar costos y elegir opciones más accesibles en el mercado.

González Miranda recordó que el marco legal federal ya prohíbe condicionar la adquisición de insumos a distribuidores específicos; por ende, remarcó que el reto central no es la carencia de normativas, sino su estricta supervisión y cumplimiento.

En este sentido, apuntó que el año anterior impulsó una iniciativa para armonizar esta prohibición en el marco legal de Coahuila, planteamiento que continúa bajo estudio legislativo y que se integrará a una reforma más amplia a la Ley Estatal de Educación.

Añadió que revisiones de su equipo revelaron que ciertos paquetes escolares condicionados por colegios privados llegan a duplicar el precio que tendrían en comercios independientes. Aunado a ello, testimonios de padres de familia señalaron que estos planteles exigen que la compra de libros, útiles y uniformes se liquide forzosamente solo en efectivo, limitando otros métodos de pago.

El legislador recordó a las familias afectadas que tienen la facultad de formalizar sus quejas ante la SEP, Profeco o la autoridad antimonopolio para que se investiguen estas irregularidades.

Por último, exhortó a las dependencias competentes a hacer valer la ley para que el retorno a las aulas no se traduzca en un sobrecosto injustificado para las familias.