Coahuila se ubicó entre las cinco entidades del País con el mayor número de ingresos a centros penitenciarios y especializados durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales (CNSIPEF-E) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La entidad registró 10 mil 177 ingresos, cifra que la coloca por debajo de Baja California, con 21 mil 062; Estado de México, con 18 mil 589; y Sonora, con 15 mil 617.

Del total de personas ingresadas en Coahuila, 9 mil 585 fueron hombres, equivalentes al 94.2 por ciento, mientras que 592 correspondieron a mujeres, es decir, el 5.8 por ciento, el porcentaje más bajo de participación femenina entre las entidades.

PREDOMINAN LOS INGRESOS SIN ANTECEDENTES

El censo también revela que 70.8 por ciento de las personas ingresadas en Coahuila no contaban con antecedentes penales, mientras que 29 por ciento sí tenía registros previos.

En el caso de las mujeres, el 28.5 por ciento ingresó con antecedentes penales y el 71.5 por ciento sin ellos. Entre los hombres, el 29.3 por ciento tenía antecedentes y el resto no había enfrentado previamente un proceso de este tipo.

A nivel nacional, el INEGI reportó 157 mil 457 ingresos a centros penitenciarios y especializados durante 2025. De ellos, 154 mil 764 correspondieron a instalaciones estatales y 2 mil 693 a centros federales. Del total, 155 mil 579 fueron personas adultas y mil 878 adolescentes, mientras que el 98 por ciento de los ingresos en el sistema federal correspondió a hombres.

Respecto a las entidades con mayor proporción de personas ingresadas con antecedentes penales, el censo ubicó a Michoacán en el primer lugar, con 91.4 por ciento; seguido de Tlaxcala, con 52.7 por ciento, y Aguascalientes, con 45 por ciento.

TASA DE PERSONAS INTERNADAS

El informe también mide el número de personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. En este indicador, Coahuila registró 5 mil 568 personas internadas, de las cuales 5 mil 224 son hombres y 344 mujeres, lo que representa una tasa de 163.8 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.