Por Mariana Campos

Toda reforma tributaria compite por dos recursos escasos: el dinero de los contribuyentes y la capacidad del Estado para recaudarlo. La propuesta de Mariana Mazzucato para fortalecer las finanzas públicas mexicanas parte de un diagnóstico que pocos discutirían: México recauda poco para las necesidades de desarrollo que enfrenta. Para cerrar esa brecha, la catedrática de Economía en el University College de Londres sugiere ampliar la tributación sobre la riqueza mediante instrumentos como un impuesto a las herencias, mayores gravámenes al patrimonio y otras figuras progresivas. El documento donde plasma estas ideas estima que un impuesto sucesorio podría aportar entre 0.1 y 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La intención de la economista es legítima. Sin embargo, una reforma tributaria debe evaluarse, al menos, con cuatro criterios: su potencial de recaudación, la carga administrativa, el costo de cumplimiento para los contribuyentes y las distorsiones económicas que genera. El documento desarrolla ampliamente el primero, pero prácticamente omite los otros tres.

EL VERDADERO POTENCIAL RECAUDATORIO ESTÁ EN OTRO LADO

La principal restricción del Estado mexicano no es sólo la falta de ingresos; también es la limitada capacidad institucional para administrarlos. El impuesto a la herencia suele presentarse como un mecanismo para gravar a los grandes patrimonios. Sin embargo, son esos patrimonios los que más frecuentemente recurren a figuras jurídicas que responden a necesidades de continuidad empresarial o administración patrimonial, y que reducen el monto de una herencia: fideicomisos, sociedades familiares, protocolos patrimoniales, donaciones en vida, entre otras.

Desde 2003, la Secretaría de Gobernación impulsa la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”. La permanencia de esta política pública durante más de dos décadas sugiere que la base gravable de un impuesto sucesorio probablemente sería menor de lo que un ejercicio teórico supone. Además, se requieren catastros actualizados, registros públicos confiables, valuaciones patrimoniales, notarías eficientes y tribunales capaces de resolver oportunamente procedimientos sucesorios. Capacidades institucionales que México tiene incipientes –o incluso en retroceso en el caso de los tribunales como resultado de la reforma judicial–. Cada peso invertido en fortalecer la administración de un nuevo impuesto ya no puede destinarse a mejorar la fiscalización de los impuestos existentes.

LA VERDADERA PREGUNTA

¿Cuál es la reforma tributaria que produce la mayor recaudación neta por cada unidad de capacidad institucional que el Estado invierte?

No es la que promete recaudar más sobre el papel; es la que logra recaudar más en la práctica, con costos razonables, alta certidumbre jurídica y un uso eficiente de las capacidades del Estado. Desde esa perspectiva, fortalecer la recaudación del IVA, del predial y del ISR de personas físicas probablemente ofrece un rendimiento mucho mayor para las finanzas públicas mexicanas que un impuesto sucesorio cuya base es reducida, su administración es compleja y su potencial fiscal es incierto.

En materia tributaria, como en cualquier política pública, la interrogante no es cuánto se puede recaudar, sino cuál es la mejor inversión posible de la capacidad del Estado.

@Mariana_C_V

Directora de México Evalúa