TORREÓN, COAH.- Ante el riesgo de enfrentar sanciones extremas por el transporte de combustibles, cámaras empresariales han hecho un llamado urgente para definir lineamientos precisos que prevengan la discrecionalidad, extorsiones o prácticas de cohecho durante las revisiones de las autoridades.

Marco Zamarripa, titular del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, alertó que las penalizaciones por irregularidades pueden llegar a los 39 millones de pesos y penas privativas de libertad de hasta doce años, una medida que los empresarios califican de desmedida para firmas que solo buscan abastecer sus procesos productivos.

Zamarripa enfatizó que sectores clave, como el campo y la construcción, necesitan movilizar hidrocarburos para sus labores cotidianas en maquinaria y equipo especializado. Por ello, instó a las autoridades a establecer una distinción legal clara entre quienes distribuyen comercialmente el producto y quienes realizan actividades de autoconsumo.

“Es fundamental salvaguardar a las compañías que requieren combustible exclusivamente para su operación, distinguiéndolas de quienes se dedican a la comercialización”, enfatizó el directivo.

Bajo este marco, el pasado 18 de junio, el Mando Especial de La Laguna fue sede de la capacitación “Traslado y almacenamiento de combustible”, donde expertos en Seguridad Física de Pemex orientaron a los gremios locales sobre la normativa vigente.

El CCI Laguna, además de fungir como enlace en estas sesiones, colabora en la integración de propuestas normativas y promueve canales de denuncia para reportar cualquier acto de autoridad que vulnere la legalidad.

Si bien el sector empresarial respalda los esfuerzos gubernamentales para frenar el huachicoleo, advierten que la falta de procedimientos claros y simplificados genera una atmósfera de inseguridad jurídica. Por ello, piden implementar periodos de gracia para el cumplimiento regulatorio y esquemas normativos sectorizados.

El objetivo final es alcanzar una coordinación efectiva que garantice la legalidad en el manejo de hidrocarburos sin frenar la actividad económica ni penalizar la operación legítima de las empresas.