El arresto, y posteriormente, el vinculamiento a proceso de Ernesto Ruffo ha causado debates y cuestionamientos por parte de los partidos opositores al régimen federal de Morena. Simpatizantes y militantes han acusado el acto como ‘persecución’, ‘violencia’ o ‘venganza’ política.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República, gestionada por Ernestina Godoy, mantiene su postura sobre los hechos que registró la investigación. Se destacó que el primer hallazgo sustancial fue el registro de 33 ferrotanques, presuntamente, abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Se colaboró en que los contenedores pertenecían a una red de distribución clandestina de hidrocarburos, a través de empresas fachadas.

Se señaló que la red de combustible tenía vínculos en Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Se asevera la participación de la empresa Ingemar y expresó que ‘Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido’.