El proceso judicial por el mediático caso de maltrato animal de Rocky, registrado en Coahuila, se encuentra actualmente en la etapa de investigación complementaria, periodo que puede extenderse hasta seis meses después de la vinculación a proceso.

Durante esta fase, la defensa de Liliana “N”, acusada por los hechos, ha planteado una estrategia basada en la inimputabilidad de la imputada, postura que el abogado Xavier Laureano, presidente del Foro de Abogados, considera alejada de la realidad debido a la aparente intencionalidad de la conducta captada en video.

De acuerdo con Laureano, demostrar que una persona no es legalmente responsable de sus actos debido a una condición de salud mental representa un proceso complejo desde el punto de vista jurídico. Explicó que los peritos deben determinar si la situación fue provocada o si era previsible, por ejemplo, en casos donde una persona conocía su condición y omitió deliberadamente seguir un tratamiento médico, asumiendo con ello las posibles consecuencias de sus actos.

“Si yo sé que tengo una enfermedad y dejé de tomar mis medicamentos, pues yo sabía las consecuencias”, enfatizó el abogado al explicar las dificultades para acreditar esta causa de exclusión del delito.

A pesar de la presión social y la amplia difusión que ha tenido el caso, Laureano recordó que el sistema penal en Coahuila garantiza el debido proceso para Liliana “N”. Asimismo, subrayó que el objetivo de la justicia no necesariamente es la reclusión, sino evitar que una conducta delictiva quede impune y procurar la reparación del daño a la víctima u ofendido, que en este caso corresponde al propietario del canino.

Por la naturaleza del delito, el abogado señaló que existen diversas salidas alternas contempladas por la legislación cuando la media aritmética de la pena no excede los 10 años, entre ellas los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Otro de los puntos señalados por el presidente del Foro de Abogados es que, en el hipotético caso de que se acreditara la inimputabilidad de Liliana “N”, las consecuencias jurídicas podrían derivar en la imposición de medidas de seguridad de carácter curativo.

Sin embargo, Coahuila no cuenta con centros psiquiátricos para el internamiento de personas bajo estas sentencias, lo que obligaría a trasladar a la procesada a otro estado del país para cumplir con la medida.

Ante los elementos que, según el abogado, apuntan a que el daño causado al perro habría sido intencional, Laureano consideró que una posible salida legal para Liliana “N” sería asumir su responsabilidad, en lugar de sostener una teoría de inimputabilidad que, desde su perspectiva, podría resultar difícil de acreditar técnicamente.