Daisy, embarazada y abandonada en enero en un hospital con sus 1.20 metros de estatura y apenas 40 kilos de peso, es el rostro de un México quebrado. A sus 13 años, su cuerpo fue sometido a la tortura de una gestación que biológicamente no podía sostener. Pero esta no es una tragedia lejana de la selva chiapaneca ni un “suceso desafortunado”; también es la realidad de Coahuila, donde el Estado mantiene una deuda con las infancias.

En febrero de este año, en Nueva Rosita, una niña de solo 11 años llegó a la Clínica 24 del IMSS con un “dolor abdominal” que resultó ser un embarazo de siete meses, producto de la violación de su cuidador, pareja de su progenitora. Mientras la madre trabajaba, la protección fallaba. Aunque en este caso hubo una detención, la pregunta sigue quemando: ¿Cuántas niñas más están gestando en silencio bajo el amparo de la omisión institucional?

Estas historias son el síntoma más doloroso de un Estado fallido. No importa si tienen 10, 13 o 15 años; el hecho de que una menor de edad sea obligada a gestar y parir es una evidencia de que fallamos en prevención, en justicia y en humanidad.

Cifras que estremecen

Es urgente dejar de usar eufemismos. No son “parejas”, son abusadores. No es “maternidad temprana”, es violencia sexual. En Coahuila, los números de la Secretaría de Salud no son estadísticas, son sentencias. En 2024, una niña de 12 años dio a luz; 32 niñas de 13 años y 162 de 14 años fueron obligadas a transitar un parto. En total, miles de adolescentes han visto su futuro confiscado por un sistema que no sabe, o no quiere, protegerlas.

Lo alarmante no es solo la cifra, sino la identidad de los progenitores. Mientras la sociedad a veces voltea la cara, los registros oficiales revelan una realidad perversa: niñas menores de 15 años cuyos “progenitores” tienen hasta 48 años. En adolescentes de 15 a 19, los abusadores alcanzan los 68 años. Llamar a esto “embarazo” es un insulto; no es un problema de educación, es abuso sexual, es depredación y es, ante todo, una forma de tortura institucionalizada.

Omisión es complicidad

Hasta el 19 de febrero de 2026, la Fiscalía Especializada de Coahuila abrió cerca de 20 carpetas por violación contra menores de entre 10 y 13 años. Aunque están judicializadas, la pregunta persiste: ¿dónde estaba el Estado antes del abuso? ¿Dónde están los protocolos que debieron detectar el riesgo antes de que el daño fuera irreversible?

El Estado llega tarde. Llega cuando la niña ya está en un hospital, cuando su cuerpo ya ha sido vulnerado y cuando su infancia ha sido asesinada.

La sociedad también es cómplice. Cuestionamos a las víctimas, buscamos justificaciones en la pobreza o en la falta de educación, pero guardamos silencio ante los victimarios cuando son “cercanos”. Ignorar estos casos porque no nos “afectan” directamente es permitir que la tortura continúe. Obligar a una niña a parir es condenarla.

Una deuda impostergable

Coahuila arrastra una mancha que no ha logrado borrar: una deuda histórica e impagable con sus niñas. La maternidad infantil forzada no es un destino inevitable, sino un crimen perpetuado por una autoridad que ha hecho de la impunidad su norma.

No podemos permitir que estos casos sean olvidados en una semana. Exigir justicia por Daisy, por la niña de Nueva Rosita y por todas aquellas cuyos casos no se han hecho públicos es exigir que el país deje de ser un espectador de la violencia.

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.