La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal emitió una orden a las autoridades educativas de Puebla para cerrar de manera definitiva la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ya que su modelo educativo militarizado no está permitido por ley.

La medida responde a que este tipo de educación en niveles básicos no está contemplado ni permitido en el Sistema Educativo Nacional ni en la Ley General de Educación, dijo Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, al ser abordado por la prensa en un evento en la entidad.

El funcionario federal confirmó que se solicitó formalmente a la Secretaría de Educación de Puebla implementar los procedimientos correspondientes para que el plantel cese sus actividades.

“El Secretario de Educación del estado está iniciando el procedimiento para actuar en consecuencia”, refirió.

Flores comentó que aprovechando el periodo de receso escolar, las autoridades locales y federales coordinan acciones para garantizar el debido proceso y la reubicación de aproximadamente 300 estudiantes matriculados.

“Tenemos el espacio de oportunidad de que tenemos el receso escolar, por lo cual se está preparando de manera adecuada todos los procedimientos para que no haya ningún inconveniente”, acotó.

Como parte de las disposiciones oficiales, Flores mencionó que la institución privada deberá entregar de forma inmediata los certificados parciales o de conclusión de estudios según corresponda a cada estudiante.

Asimismo, se estableció que el colegio tendrá la obligación de reembolsar en su totalidad los cobros realizados por concepto de reinscripciones o colegiaturas anticipadas para el próximo periodo lectivo.

La determinación de la SEP se enmarca en la revisión nacional de escuelas con formación castrense ordenada por el Secretario Mario Delgado tras el deceso de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrida a mediados de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Delgado enfatizó que la educación militarizada en el nivel básico resulta incompatible con los principios constitucionales y los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de que ninguna institución puede justificar castigos físicos, humillaciones o novatadas con el argumento de impartir disciplina castrense.