La experiencia de las fotomultas en Saltillo presentó diversos problemas que hicieron inviable su continuidad, sin embargo, el sistema generó beneficios que deben considerarse en la conversación pública sobre su pertinencia.

Así lo detalló el urbanista José Ruiz Fernández, docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quien destacó que uno de los mayores impactos de la medida fue la pacificación de las vialidades.

“Dada la presencia de cámaras en distintos puntos de vialidades de alta afluencia vehicular, las personas que transitaban por ellas inicialmente reducían su velocidad al límite permitido en los puntos señalados”, expuso.

Ante la incomodidad de adecuar la velocidad constantemente para evitar una sanción, los conductores ajustaban su marcha a la permitida, lo que dificultó rebasar el límite y facilitó la identificación de infractores, agregó.

Además explicó que esta inercia se trasladó a las calles donde no había cámaras, lo que favoreció condiciones de mayor seguridad vial, evitando accidentes de alto impacto al patrimonio y a la integridad humana.

COINCIDEN MÁS MUERTES CON FALTA DE FOTOMULTAS

Si bien no hay estudios que determinen con exactitud una relación entre las fotomultas y la reducción o incremento de homicidios derivados de accidentes de tránsito, los datos coinciden en que las muertes se redujeron mientras se implementó el programa y aumentaron cuando se retiraron las cámaras.

De acuerdo con registros periodísticos, las fotomultas se colocaron entre octubre del 2014 y febrero del 2015, sin embargo, se suspendió la segunda etapa del proyecto desde julio del 2015.

Entre 2016 y 2017, se concedieron amparos para inhabilitar el cobro de las multas y en 2017 se dio la clausura definitiva del programa, hecho que se reiteró en 2018.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y a los vehículos de motor registrados en circulación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 hubo 2.3 homicidios culposos en accidente de tránsito por cada 10 mil vehículos.

Esto se debe a que se presentaron 59 homicidios cuando en la ciudad había 249 mil 964 automóviles registrados. En 2016, la tasa bajó a 1.5 y en 2017 volvió a bajar a 1.1.

No obstante, desde 2018 y 2019 volvió a subir a 1.5 homicidios por cada 10 mil vehículos y desde entonces ha habido una tendencia al alza.

Con excepción de 2020 y 2021 -años de la pandemia por la Covid-19 en la que la tasa fue de 1 y 1.3 homicidios respectivamente-, en 2022 la tasa fue de 1.9, en 2023 de 1.7 y en 2024 de 1.8.

REDUJO RIESGOS DE LA VELOCIDAD VIAL

En este sentido, una investigación elaborada en 1978 por los académicos Stephen Ashton y Murray Mackay en la Universidad de Birmingham, evidenció que el riesgo de sufrir lesiones por atropellamiento crece al incrementar la rapidez del automóvil.

El análisis arrojó que un coche transitando entre los 50 y 60 kilómetros por hora tiene un 25 por ciento de posibilidades de provocar un daño mortal, mientras que al rebasar los 70 kilómetros por hora, la fatalidad es del 100 por ciento.

La reducción de velocidades durante la operación de las fotomultas también permitió que los ciclistas percibieran condiciones de seguridad para transitar en las calles.

Por lo anterior, ciclistas utilitarios y recreativos se animaron a salir, lo que generó dinámicas visibles en diversos colectivos que comenzaron a recorrer la ciudad en contingentes, sobre todo en las tardes entre semana.

“La cancelación de las fotomultas tuvo el efecto contrario, fue notoria la gradual reducción del número de ciclistas en las calles, al igual que de contingentes de los colectivos”, señaló.

CÓMO BLINDAR LA IMPLEMENTACIÓN

Para blindar una posible reimplementación de fotomultas como herramienta de control, el docente enlistó una serie de consideraciones enfocadas en el ámbito legal y administrativo.

Entre ellas se encuentra la adecuación de la legislación estatal y la reglamentación municipal en concordancia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para garantizar un sustento legal sólido.

También sugirió establecer con claridad en la Ley de Ingresos del municipio los conceptos correspondientes a multa con una adecuada gradación de la sanción.

Para evitar que la medida se perciba con fines de recaudación, planteó aprovechar la posibilidad de conmutar la sanción económica por trabajo en favor de la comunidad.

“También es necesario establecer convenios de largo plazo entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para la provisión de la información de contribuyentes titulares de las placas de circulación”, afirmó.

El urbanista recomendó evitar que el sistema sea controlado por una empresa particular, ya que esto haría vulnerables legalmente a las sanciones impuestas.

Lo más conveniente es adquirir el equipo y el software, de manera que se cuente con operadores adscritos a la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

“En general conviene revisar el procedimiento de imposición de sanciones administrativas por infracciones de tránsito, a efecto de cumplir cabalmente con los elementos de existencia y validez del acto administrativo”, concluyó.