La columnista afirma que Celaya presentó, desde 2022, cuatro denuncias formales contra funcionarios del ITSON por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, asegura que dichas denuncias no han avanzado, debido a que distintos jueces determinaron que el denunciante carecía de legitimación procesal para impulsarlas, al considerar que la presunta víctima sería el propio instituto.
Procesos penales
Mendoza detalla que, mientras las denuncias por presuntas irregularidades permanecían sin avances, Roberto Celaya enfrentó diversos procedimientos penales.
Entre ellos menciona la causa penal 1184/2023, iniciada por el delito de violación a la intimidad, derivada de la grabación de un video dentro de las oficinas del Órgano Interno de Control del ITSON. Según la autora, dicho material fue utilizado posteriormente por Celaya para su defensa en un procedimiento administrativo y, posteriormente, obtuvo un amparo favorable.
Asimismo, refiere una segunda denuncia, también por violación a la intimidad, presentada por el vicerrector administrativo del ITSON después de que Celaya difundiera una captura de pantalla de una reunión institucional realizada mediante Zoom para cuestionar información relacionada con incrementos salariales. De acuerdo con la columna, ese procedimiento también concluyó con una resolución favorable para el periodista.
La periodista agrega que, en 2024, Celaya fue denunciado por el delito de amenazas, derivado presuntamente de la publicación de un meme en redes sociales. Según Mendoza, durante ese procedimiento se dictaron medidas de protección que el periodista consideró excesivas, al restringir su movilidad y sus comunicaciones.
La causa penal 3448/2026
La columna dedica especial atención a la causa penal 3448/2026, iniciada por el presunto delito de falsedad de declaraciones ante el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI).
De acuerdo con Mendoza, el expediente consta de más de cuatro mil fojas y la denuncia inicial supera las cien páginas. Durante la audiencia de formulación de imputación, señala, la propia Fiscalía solicitó un receso para reclasificar el delito inicialmente expuesto.
Posteriormente, abogados del ITSON solicitaron la imposición de prisión preventiva y otras medidas cautelares, argumentando la existencia de un supuesto patrón reiterado de conflictos con autoridades.
Sin embargo, la jueza resolvió dictar un auto de no vinculación a proceso, al considerar que la Fiscalía no acreditó los elementos necesarios para sostener la imputación ni el perjuicio requerido por el tipo penal, según refiere la columna.
Señalamientos sobre omisión institucional
Lourdes Mendoza sostiene además que Roberto Celaya envió diversos escritos a la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía de Sonora denunciando lo que calificó como medidas desproporcionadas. Según la periodista, dichas comunicaciones fueron remitidas con copia al gobernador Alfonso Durazo, al secretario de Gobierno, al fiscal estatal, al vicefiscal y a otras autoridades, sin que, afirma, existiera una respuesta pública.
Un caso que, según la autora, ejemplifica la judicialización de periodistas
En la parte final de su columna, Mendoza considera que el caso de Roberto Celaya constituye un ejemplo de persecución judicial contra periodistas que denuncian presuntos actos de corrupción. La autora compara este caso con los patrones documentados por organizaciones internacionales como Artículo 19, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, las cuales han advertido sobre el uso de procesos judiciales para inhibir el ejercicio periodístico.
La periodista concluye que toda la serie de procedimientos emprendidos contra Roberto Celaya tuvo origen en las denuncias que éste presentó por un presunto daño al patrimonio del Instituto Tecnológico de Sonora.
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