A casi 18 años del asesinato de la chef saltillense Elisa Loyo Gutiérrez en Filipinas, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá reabrir la investigación del caso, luego de que su familia obtuviera un amparo que ordena revisar nuevamente las indagatorias bajo una perspectiva de género.

La resolución deriva del juicio de amparo 1480/2022 y de su revisión 07/2024, resuelta por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Con ello, la FGR deberá retomar las investigaciones que, de acuerdo con la familia de la víctima, no fueron realizadas de manera diligente ni conforme a los estándares nacionales e internacionales para investigar las muertes violentas de mujeres.

Elisa Loyo fue asesinada el 23 de diciembre de 2008, a los 25 años, cuando trabajaba como subchef en el Hotel Fontana Leisure Park & Casino, en Pampanga, Filipinas. Desde entonces, su madre, Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, ha sostenido que su hija fue víctima de un homicidio y no de un suicidio, como concluyeron las autoridades filipinas al cerrar la investigación.

La familia ha denunciado durante más de 17 años que las autoridades de Filipinas, México y Canadá incurrieron en omisiones que impidieron una investigación exhaustiva y con enfoque de género. La joven se encontraba laborando en Filipinas tras concluir sus estudios de gastronomía y hotelería en Canadá, país donde residía su familia, lo que involucró a las tres naciones en el seguimiento del caso.

De acuerdo con la madre de Elisa, las autoridades filipinas presentaron la muerte como un suicidio para proteger la imagen del hotel donde ocurrieron los hechos y evitar afectaciones durante la temporada navideña. Además, ha señalado como principal sospechoso a quien era jefe de su hija, Malek Elsafadi.

El próximo lunes, la familia ofrecerá una conferencia de prensa en Saltillo, acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para dar a conocer los alcances de la resolución judicial.

Tras una campaña impulsada en febrero para que el Poder Judicial Federal resolviera el amparo, los resolutivos fueron enviados a la Fiscalía General de la República, por lo que ahora corresponde a esa institución reabrir la investigación y realizar las diligencias que, asegura la familia, fueron omitidas en años anteriores.

La reapertura del caso también podría implicar la participación de las autoridades de Filipinas, al tratarse del país donde ocurrió el crimen y donde originalmente se realizaron las investigaciones que concluyeron con la hipótesis de suicidio.

En 2022, la entonces Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal, decisión que ahora deberá revisarse a partir de la resolución del Poder Judicial Federal.